LOS LÍMITES DE LA REVUELTA: jornada 20-11-2011

Los límites de la revuelta

 

En la plaza cairota de Tahrir, emblema de la rebelión popular que culminó en febrero pasado con la caída de Hosni Mubarak y su remplazo por un gobierno militar, la represión desatada ayer por las fuerzas de seguridad contra manifestantes antigubernamentales dejó un saldo de tres muertos y casi 700 heridos. Las manifestaciones se iniciaron el viernes de la semana anterior, en demanda de un calendario claro para que la cúpula castrense transfiera el poder político a un gobierno democráticamente constituido.

Con tan lamentables circunstancias en Egipto, y con la rebelión popular libia tripulada por una incursión militar de claros ribetes neocoloniales, es claro que la llamada primavera árabe –que tanto entusiasmo suscitó en el planeta durante el primer semestre de este año– ha dado paso a fenómenos inopinados cuyo signo es muy diferente, si no es que opuesto, al sentido de libertad, modernización y democracia que animó las protestas iniciales en esos países y en otros. A mayor abundamiento, en Túnez, primera nación árabe sacudida por reclamos sociales, bastó con operar un recambio en las cúpulas del poder político para neutralizarlos; en Bahrein y Yemen las manifestaciones fueron aplastadas mediante una violenta represión; otro tanto ocurrió, aunque en menor escala, en Arabia Saudita y Jordania; en Libia, como ya se ha dicho, el movimiento de protesta contra el régimen de Muammar Kadafi dio pie a una cruenta intervención militar y a una guerra que no sólo causó la caída y el bárbaro asesinato del hasta entonces hombre fuerte sino también una vasta destrucción de vidas y bienes y un uncimiento del país a los gobiernos extranjeros que participaron en la expedición armada. Por lo que hace a Siria, es ya inocultable que tras los violentos choques entre manifestantes y fuerzas del orden operan Washington, Bruselas y Tel Aviv, empeñados en alterar, a como dé lugar, el viejo equilibrio de fuerzas en Medio Oriente para perjudicar a Irán y favorecer a Israel.

En los escenarios menos malos, las celebradas protestas dieron lugar a operaciones de gatopardismo que dejaron intactas, en lo fundamental, las estructuras políticas egipcia y tunecina; en los más graves –Libia y Siria– han terminado por servir como punta de lanza para injerencias occidentales orientadas por intereses geopolíticos y comerciales.
Mirando en retrospectiva tales resultados tal vez no resulten tan sorprendentes. A fin de cuentas, los movimientos sociales que sacudieron desde comienzos de año al Magreb y otras zonas del mundo árabe, si bien hicieron alarde de frescura, imaginación y modernidad, no han sido capaces de generar, en cambio, en ninguno de los casos, una mínima propuesta programática ni organizativa que les permita transitar más allá de la defenestración de gobernantes odiados e impopulares, liderazgos consistentes ni respuestas a la disyuntiva en que se encuentra buena parte del mundo árabe, entre las monarquías sátrapas –como en los países de la península arábiga, Marruecos y Jordania– y las sordas, autoritarias y asfixiantes burocracias oficiales en las que degeneraron las corrientes de inspiración nasserista –articulados en su mayoría en el omnipresente partido Baaz– y los movimientos de liberación nacional de mediados del siglo pasado. En ausencia de un desarrollo cívico y político en las sociedades respectivas, las únicas alternativas orgánicas y coherentes a tales formas de control político provienen, por desgracia, del ámbito de los fundamentalismos islámicos.
Todo parece indicar, en suma, que la modernización institucional y social de las naciones árabes tomará mucho más tiempo de lo que permitió pensar la primavera del año que está por terminar, y que tales naciones no sólo deberán acometer la tarea de demoler tiranías nativas, monárquicas o formalmente republicanas, religiosas o seculares, sino también hacer frente al cada vez más desbocado intervencionismo occidental.

EL DESENCANTO DE LA DEMOCRACIA: ARNALDO CÓDOVA. jornada 2011-2011

Hace una semana, Leonardo Valdés, consejero presidente del IFE, sugirió que en México ha aumentado el desencanto de los ciudadanos con la democracia. Citando datos del Latinobarómetro (encuesta que alguien le recordó), dijo que ha habido una caída de entre 49 y 40 por ciento en el apoyo a la democracia. “Eso significa –dijo– que no estamos satisfechos con una democracia electoral; queremos mayor participación ciudadana, mayor exigencia de los gobernantes. No sólo elegirlos”. Es difícil entender qué quiere decir todo eso para el funcionario, en especial, su rechazo de lo electoral, pero debe dársele razón.

Habrá que citar mejor la encuesta mencionada. En 2010, el apoyo a la democracia fue de 49 puntos porcentuales; en 2011, fue de 40. No estamos entre 49 y 40, como dice el presidente consejero. Estamos en 40, lo que quiere decir que un 60 por ciento de los ciudadanos (encuestados) ha dejado de creer o nunca creyó en la democracia. Latinobarómetro fija las causas de ello en la ola de violencia y la disminución del crecimiento (–1.4 por ciento). A ello hay que agregar que un 14 por ciento preferiría un gobierno autoritario y a otro 36 le da lo mismo.
A la pregunta de qué le falta a la democracia en su país, 55 por ciento de encuestados responde que reducir la corrupción; un 27 por ciento que garantizar la justicia social; un 36 por ciento que aumentar la transparencia del Estado; un 32 por ciento que haya mayor participación ciudadana; un 21 por ciento que consolidar los partidos políticos. Para un 5 por ciento, las cosas están bien como están. Hay un misterio en la encuesta: a la pregunta de si los encuestados aprueban la gestión del gobierno, 59 por ciento respondió positivamente en 2010 y 2011; pero cuando se les pide que digan, en una escala del uno al 10, cuán democrático es el país, dicen que 5.9. Y, pese a una calificación tan mala, aprueban mayoritariamente al gobierno.
Más allá de estadísticas, que nos muestran palpablemente ese descontento de que hablamos, es necesario que dilucidemos las causas y el mismo proceso de deterioro que ha llevado a un enorme sector de la ciudadanía a descreer de la democracia, por la sencilla razón de que no se trata de un hecho que se da y que queda ahí, sino de una responsabilidad de los actores políticos que, persiguiendo rabiosamente sus propios intereses y no respetando normas de elemental convivencia y coexistencia políticas, han acabado por convertir nuestra débil y frágil democracia en un chapoteadero inmundo que a todos decepciona.
Bien miradas las cosas, la democracia en abstracto no tiene ninguna culpa. Ella es un método de organización del Estado que muy pocos respetan y a muy pocos interesa que avance y se fortalezca. Estamos entre los pueblos de América Latina que están dejando de creer en los parámetros democráticos. Paulatinamente, estamos regresando a épocas oscuras en las que no se confiaba en las elecciones, porque no se respetaba la ley y el dinero, público o privado, lo ensuciaba todo. Ahora hay que agregar la peligrosa intromisión de la delincuencia organizada en la vida cívica de una gran parte del país.
Estamos ya en una nueva reedición de aquella vieja contraposición entre democracia y gobernabilidad, pero ahora no sólo como ejercicio analítico o ideológico, sino como percepción clara de una ciudadanía a la que le parece ocioso andarse ocupando de supuestos avances democráticos, cuando la violencia y la corrupción a sus máximos niveles la tienen asediada por todos lados. Es probable, como se afirma, que en Michoacán, por ejemplo, la delincuencia metiera las manos en muchos procesos electorales locales; pero el derroche de recursos públicos, la compra de votos y la amenaza de la violencia no dejaron que esa ciudadanía se pronunciara según sus convicciones, lo que quiere decir que allí la democracia estaba ausente.

Tampoco cabe duda de que los perredistas, al igual que en Zacatecas, perdieron las elecciones por ineptos. No sólo les arrebataron sus bases en bastiones en los que se acostumbraron a ganar, sin ninguna gracia, sino que todo lo hicieron mal desde el principio, sobre todo, cuando eligieron a sus pésimos candidatos y, más atrás y desde luego, gobernando mal.
Parece claro que la democracia ha estado echándose a perder con cada elección que pasa. El comportamiento delictivo de Fox en 2006 fue permitido por el temor de que ganara el candidato de izquierda; en ese entonces, resultó fácil exonerar al presidente y condenar a López Obrador por no aceptar una derrota que se le fabricó desde los altos círculos del poder. En cada elección se despliegan todos los recursos violatorios de la ley sin que a nadie conmueva. El dinero corre en abundancia y corrompe a una ciudadanía empobrecida y golpeada por el mal gobierno y las crisis de dentro y de fuera.
Los partidos no son democráticos, porque son los primeros descreídos en la democracia y no hay uno solo que respete la democracia. Se han acostumbrado a luchar por el botín y a morderse y a ladrarse por los puestos públicos; en su ideario no cabe el mejoramiento del pueblo y el perfeccionamiento del Estado democrático, sino que todo lo ocupan el dinero y los huesos. Y en ello no están solos. Valdés se refirió al hecho increíble de que la pasada reforma electoral no tocó para nada la legislación penal de modo de tipificar en ella los delitos en la materia. El Legislativo, por su parte, parece que ni siquiera lo notó. Este poder es, en gran medida, un responsable principal del deterioro de nuestra democracia.
Por lo que toca al presidente panista, se puede ver lo que le importa la democracia en su comportamiento en las elecciones michoacanas en las que, usando de todo el dinero del Estado, quiso dar el triunfo a su hermana candidata a gobernadora mediante el derroche y la corrupción. Y si no le alcanzó la plata fue porque sus enemigos pudieron más que él en cuanto a malas artes y compra de votos. La manipulación electorera de los programas sociales se dio sin que nadie hiciera nada como no fuese chillar porque los estaban bolseando.
Los propios ciudadanos no están exentos de responsabilidad, pues ellos son los principales hacedores, cuando se da, de la democracia. Cuando ellos la quieren de verdad no hay fuerza que pueda impedir la democratización de la vida política. Cuando, en cambio, ellos se decepcionan de la democracia o deja de interesarles no sólo no puede haber democracia, sino que la vida política misma se descompone y se corrompe. Desde luego, no cabe condenar a nadie porque no crea o no confíe en la democracia y menos al pueblo de ciudadanos, que es el que decide cómo se nos debe de gobernar. Aun inconscientemente se puede decidir y el que la democracia avance es algo que el pueblo mismo debe resolver, a favor o en contra.
Parece increíble, pero estamos llegando de nuevo a una etapa que formó parte de nuestro pasado reciente, cuando considerábamos a la democracia como la utopía a la que muchos querían entregarse. Ahora, después de ser una endeble realidad, la democracia parece esfumárse en la nada y volvemos a la utopía de ayer, cuando deseábamos que la democracia fuera una realidad en nuestro país.

UCRANIA, 1942. ROBERT FISK. jornada 19-11-2011

Ucrania, 1942

Robert Fisk

 

En 1942, en la Varsovia ocupada por los nazis, un funcionario postal polaco que operaba en la resistencia abrió una carta enviada por un soldado alemán a su familia. Dentro halló una fotografía que lo perturbó tanto que la envió al movimiento clandestino polaco; así llegó a las manos de un valiente muchacho de 16 años llamado Jerzy Tomaszewski, una de cuyas tareas era enviar evidencia de las atrocidades alemanas a Londres, para que los aliados pudiesen dar a conocer las crueldades cometidas por los nazis en Europa oriental.

Tomaszewski hizo un duplicado de la fotografía para Londres y se guardó el original. Todavía vive. Más de 60 años después, permitió que la fotógrafa documentalista y escritora Janina Struk viera esa evidencia preciosa y terrible… de la cual ella hizo una copia perfecta.
Dejaré que Struk describa la imagen en sus propias palabras, como aparecen en su aterrador nuevo libro Private Pictures, referente a las fotos privadas tomadas por soldados, desde la guerra de los bóers y la Primera Guerra Mundial hasta la invasión de Estados Unidos a Irak, después de 2003.
“En algún lugar cerca de la pequeña aldea de Ivangorod, en Ucrania, un soldado alemán apunta con su arma a una mujer que lleva un niño en brazos. Ella parece alejarse del soldado y envuelve al niño con su cuerpo. Su pie está en el aire, como si estuviese caminando, o tal vez el obturador captó el momento en que la bala dio en ella.
“En el lado izquierdo se ven las puntas de lo que parecen otras dos armas apuntando en su dirección, y a la derecha dos o tres personas agachadas junto a un objeto indistinguible. El cuerpo de otra persona yace a los pies del soldado. En el dorso de la foto, escrito a mano en alemán, se lee: ‘Ucrania 1942, Acción Judía en Ivangord’”.
La fotografía llegaría a ser una de las imágenes más impresionantes y convincentes del Holocausto nazi, aunque su historia está envuelta en esas controversias que cultivan quienes niegan aquel hecho histórico. En la mayoría de las publicaciones, la foto se editaría para mostrar solamente a la mujer y al soldado apuntándola con el rifle, para darle un aspecto artístico y a la vez destruir el contexto original.
En su libro, Struk se pregunta por qué los soldados toman fotografías de su propia crueldad. Hay incontables imágenes autenticadas de soldados alemanes que posan sonrientes junto a cautivos recién colgados, agolpándose en torno a fosas comunes para observar la ejecución de judíos, comisarios soviéticos, rehenes, hombres y mujeres. Pero esta semana he estudiado durante horas esa foto de Ivangorod en particular. Puedo imaginar la terrible y entusiasmada conversación. ¡Oye, Hans! Allá a la derecha están matando judíos. Trae tu cámara. ¡Mira cómo corre esa mujer! Clic. O sería el fotógrafo uno de los verdugos en su descanso? Tal vez nunca lo sabremos. Pero, desde luego, la tradición continúa. Observen los videos que los estadunidenses tomaron de las víctimas de sus asesinatos en Irak. Volveré sobre ese tema un día cercano.

Amplifiqué la fotografía de 1942 hasta la máxima resolución y la repasé con cuidado. Luego llamé a Struk. Sin duda, me dijo, la otra persona a los pies del soldado es también mujer. Parece llevar el cabello peinado de raya en medio; tiene los brazos caídos al suelo a su derecha y viste falda, en cuyo extremo se ve la pierna izquierda. Struk ya se había dado cuenta de ese detalle. Y luego, dije, sin duda había cuatro hombres en total, tres de gorra de tela y chaqueta, y el cuarto parece más grande porque tal vez llevaba abrigo. (Al lado derecho se ve un bolsillo hondo.)
No hay nada fantasmal en ese estudio. Mientras más detalles encuentra uno en esas imágenes, más se descubre y más real se vuelve el Holocausto. Puede ser –hay que observar la foto con atención– que el soldado en verdad haya disparado a los cuatro hombres y que uno de los otros dos rifles haya disparado a la mujer con el niño. Las sombras en el campo a la izquierda sugieren que podría haber más tiradores abriendo fuego en el momento. Pero lo que me impactó fue la naturaleza del terreno a la derecha de la fotografía.
Struk describe un objeto indistinguible. Parece una estaca. A la derecha veo tierra revuelta. ¿Acaso la estaca marcaba algo? Caven su propia tumba hasta aquí. ¿Sería ésa la orden que dieron los alemanes a sus víctimas? Pero luego descubrí lo que sin duda es una pala de metal, boca abajo, el mango detrás de la estaca. Es idéntica a otras palas en otras fotografías de ejecuciones que he visto. ¿Sería que los cuatro hombres cavaban sus tumbas?
Resulta increíble que, cuando la foto se usó en un libro publicado por el régimen comunista polaco instalado por los soviéticos tras la guerra, un periódico derechista de Alemania Occidental, Deutsche Soldaten Zeitung, encabezó “¡Achtung Fälschung!” (¡cuidado, falsificación!). El hombre que apunta con el rifle a la mujer y su niño no llevaba uniforme alemán ni usaba un rifle alemán, afirmaba el periódico. Un tal profesor Otto Croy acusó a los polacos de fabricar la foto con fines de propaganda.
Fue un alivio que más tarde surgiera un ex miembro del Einsatzgruppen de Hitler, el escuadrón de acción especial, que asesinó a un millón de judíos en Ucrania. El soldado de la foto lleva el uniforme de ese cuerpo, dijo, y el rifle que porta era el reglamentario en él. ¿Qué más prueba se necesitaba? Años después se montó en Dresde una exhibición de fotos de atrocidades alemanas en Europa oriental. Un anciano contempló largo tiempo las imágenes. Luego, rompió a llorar. Cuando lo sacaban de la sala, gritó: ¡Soy yo, soy yo!
© The Independent
Traducción: Jorge Anaya

LA AGENDA DE POIRÉ: ¿LO QUE EL PAÍS NECESITA ? jornada 19-11-2011

La agenda de Poiré: ¿lo que el país necesita?

 

Al firmar el acta de entrega-recepción del despacho de Bucareli, el nuevo secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, definió sus prioridades de trabajo para, ha de entenderse, lo que resta de la administración encabezada por Felipe Calderón: impedir la incursión del narcotráfico en los procesos electorales e impulsar las grandes reformas que el país necesita.

Habida cuenta de los anteriores puestos ocupados por Poiré –secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional y, posteriormente, director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Cisen–, la primera de sus prioridades en la conducción de la política interna sugiere que al Palacio de Covián retornarán las funciones policiales y represivas discretas, como las que ejerció la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS) y que solían ser caracterizadas como los sótanos del sistema político. En las dos últimas décadas la SG fue liberada de funciones que fueron ubicadas en otras dependencias, para concentrarse en la coordinación y la concertación políticas, tan necesarias para el país actual, entre partidos, poderes y niveles de gobierno, pero también en la interlocución con organizaciones sociales. Sería una regresión lamentable que se reincorporase al principal puesto del gabinete atribuciones policiales que difícilmente armonizan con la resolución de conflictos por medio de la negociación.
Otro dato de contexto insoslayable es la forma en que las dos administraciones federales panistas –la de Vicente Fox y la de Calderón– han utilizado a las instancias jurídicas y policiales para criminalizar a opositores individuales o colectivos. Tales fueron los casos, por citar sólo dos, del improcedente juicio de desafuero contra Andrés Manuel López Obrador cuando éste se desempeñaba como jefe del gobierno capitalino y, años más tarde, del llamado michoacanazo, una persecución contra una treintena de funcionarios y representantes populares michoacanos, surgidos en su mayor parte de la oposición, cuya única motivación visible –ya que el gobierno federal no pudo probar delito alguno contra ellos– habría sido de índole política.

Con esos antecedentes, el anuncio de Poiré de que impedirá la infiltración de la delincuencia organizada en los procesos electorales deja un margen de ambigüedad que obliga a preguntarse si no se recurrirá, de nueva cuenta, y desde la máxima coordinación de la política interna, a un empleo faccioso y electorero de la fuerza del Estado en contra de disidentes y opositores políticos y sociales.
En otro sentido, las reformas que el país necesita referidas por el nuevo secretario de Gobernación son, en clave neoliberal y calderonista, los también denominados ajustes estructurales y las regresiones en materia de garantías y derechos individuales: la privatización parcial o total de las industrias petrolera y eléctrica y la anulación de derechos laborales, por una parte, y la imposición de códigos y leyes que otorguen a la autoridad potestades especiales o excepcionales para pasar por encima de las garantías individuales.
Lo que el país necesita con urgencia en el momento actual no es una nueva extensión de las potestades policiales y parapoliciales ni una nueva embestida antipopular y antinacional, sino capacidad de interlocución, diálogo y solución política a confrontaciones y fracturas que, de persistir, podrían generar un ambiente de desintegración nacional.

MÉXICO SA jornada 19-11-2011

México SA

Ninis: que siempre sí existen
SEP: actualiza su inventario
Lujambio-Blake: no exageren

Carlos Fernández-Vega

 

Que sí, que siempre sí hay millones y millones de ninis en el país, y no los 285 mil inventariados por el gobierno calderonista, cifra esta última, por cierto, a la que dos de los genios del gabinetazo se aferraron ignominiosamente en su afán de esconder la realidad y desmentir, con saliva, a los críticos del régimen. Pero son tantos y tantos los jóvenes que ni trabajan ni estudian en esta República del para vivir mejor, que de plano ya no caben bajo la alfombra del discurso oficial.

Resulta que el 18 de agosto de 2010, mediante comunicado oficial conjunto (Los jóvenes en México, realmente ¿ni trabajan ni estudian?), las indignadas secretarías de Gobernación y de Educación Pública negaron rotundamente la voluminosa existencia de los llamados ninis mexicanos, y en su intento (al estilo de Díaz Ordaz) por desagraviar al gobierno calderonista exigieron un manejo cuidadoso de la cifra relativa a este creciente problema social, que ambas instituciones limitaron a 285 mil personas, muy por debajo de los siete millones que denunció el rector de la UNAM, José Narro.
Pues bien, un año y pico después de tan deplorable actitud, y probablemente porque en las citadas dependencias del Ejecutivo ya no despachan el recientemente fallecido Francisco Blake y el hospitalizado Alonso Lujambio, la Secretaría de Educación Pública –con el silencio de Gobernación- reconoció que en México existen 36.2 millones de jóvenes de entre 12 y 29 años, de los que 20 por ciento (7 millones 250 mil) no estudian ni trabajan. Estos datos se desprenden de la Encuesta Nacional de la Juventud 2010, presentada ayer por la SEP y el Instituto Mexicano de la Juventud. El subsecretario de Educación Superior, Rodolfo Tuirán (encargado de la tienda, mientras el titular se encuentre en tratamiento médico) dijo que ´no podemos trivializar ni simplificar el problema, sino generar políticas públicas desde esa perspectiva´ (El Universal), es decir, exactamente lo contrario de lo que en su momento defendieron y difundieron Blake y Lujambio.
Como por obra de magia, el número oficial de ninis creció 2 mil 500 por ciento entre la primera versión (la de Blake y Lujambio, en agosto de 2010) y la segunda (la de la citada encuesta, divulgada ayer), al pasar de 285 mil” a 7 millones 250 mil. Todo en un año y tres meses, periodo en el que las dependencias gubernamentales cambiaron no sólo de titular, sino de calculadora. Sin embargo, en el ínterin, los ninis fueron objeto de una lluvia de calificativos por parte del gobierno calderonista: el inquilino de Los Pinos los acusó de herejes (están como están, porque no creen en Dios); Blake y Lujambio les pidieron no exagerar, y el secretario de Desarrollo Social, Heriberto Félix Guerra, los consideró esquezofrénicos por echarle la culpa a los demás.
El citado comunicado conjunto, el del 18 de agosto de 2010, a la letra decía: “de acuerdo con algunos expertos en la materia, el análisis riguroso de este subgrupo (el de los ninis) de la población debería excluir, además de quienes se dedican al trabajo doméstico, a los jóvenes que actualmente se encuentran buscando empleo, pues forman parte de la población económicamente activa, y a quienes experimentan algún tipo de discapacidad que les impide realizar actividades económicamente productivas… La percepción generalizada de que existe una gran cantidad de jóvenes nini no se refleja en las cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Con frecuencia, el volumen de la población nini se sobreestima debido a una conceptualización parcial del fenómeno, ya que algunas estadísticas en torno a esta población incluyen en ellas a jóvenes que se dedican al trabajo doméstico, entre los que la proporción de mujeres jóvenes unidas es predominante”.

A manera de ejemplo, citaba el comunicado de Gobernación y Educación Pública, “la Encuesta Nacional de la Juventud 2005 reporta 24 por ciento de jóvenes entre 12 y 29 años que dicen no estudiar ni trabajar. Sin embargo, de este conjunto poco más de ocho de cada diez son mujeres, entre las cuales cerca de siete de cada diez están unidas y, presumiblemente, se dedican a la vida doméstica. Otro 30 por ciento de las mujeres son solteras, pero podrían participar en las actividades domésticas de su hogar de origen. Incluir a este subgrupo de la población joven entre los nini parece inapropiado, ya que el trabajo relativo a la reproducción no es una labor menor… Al respecto, resulta pertinente cuestionar si el hecho de que las mujeres jóvenes se dediquen a actividades reproductivas y domésticas desde edades tempranas obedece o no a una situación de exclusión social que acota sus oportunidades y las orienta desde edades muy jóvenes hacia la vida doméstica… Es necesario aprovechar el bono demográfico para impulsar el desarrollo del país y que las generaciones actuales y futuras de mexicanos vivan mejor.”
Tal comunicado fue la respuesta oficial a la denuncia del rector Narro, quien días antes reiteró que “las condiciones actuales para la juventud en México son preocupantes y su panorama a futuro es complicado…Es necesaria una política gubernamental más contundente que considere como prioridad nacional a este sector, que es el futuro del país. Los mexicanos de entre 12 y 29 años que ni estudian ni trabajan representan 22.8 por ciento de los 33 millones de jóvenes que reporta el Coneval. Es una vergüenza que tengamos 7.5 millones de jóvenes en esta situación, fundamentalmente porque no hay oportunidades para ellos… Si sólo se pretende matizar las cosas, si nos planteamos un mundo color de rosa, nos vamos a equivocar de manera muy grave”.
Un año y pico después, la SEP ya no emitió un comunicado de desagravio, pero reconoce la existencia (al cierre de 2010) de 7.25 millones de ninis. Y como lo apuntamos en este mismo espacio en agosto de 2010, es una vergüenza el abandono en el que se tiene a millones de jóvenes en el país, pero lo es aún más que lejos, muy lejos de siquiera intentar corregir esta lamentable situación el calderonato se empeñe en negar la realidad y que gobierne, por llamarle así, a golpe de discursos y/o comunicados.

Las rebanadas del pastel

Los trabajadores de Mexicana de Aviación se mantienen al pie del cañón. No cejan en su empeño de recuperar sus plazas laborales y denuncian a los verdaderos causantes de la quiebra de la aerolínea. Un abrazo solidario para todos ellos, junto con la invitación a los siempre atentos lectores a que vean Mexicana, fraude maquinado (primera entrega) en www.youtube.com/watch?v=7bM7RL6nn9k.

¿LIBERTAD DE EXPRESIÓN O LEY DE LA SELVA?

¿Libertad de expresión o ley de la selva?

 

En marzo de 2004, en el texto Cómplices del terror, firmado por el entonces subdirector de Letras Libres Fernando García Ramírez y publicado en esa revista que dirige Enrique Krauze, se acusó y calumnió, sin fundamento alguno, a La Jornada de ser cómplice de la organización terrorista vasca Euskadi Ta Askatasuna (ETA). Este diario envió a la revista una carta en la que se demandó que probara lo dicho o, en su defecto, se retractara. Letras Libres no aportó prueba alguna, mucho menos se retractó. Ante la gravedad de la acusación, Demos, Desarrollo de Medios, S. A. de C. V., casa editora de La Jornada, presentó una demanda por daño moral en contra de Editorial Vuelta, S. A., a la que pertenece Letras Libres.

Empezó entonces un largo proceso legal que, en sus diversas instancias y sucesos, ha tenido varias sentencias –dos de ellas favorables a La Jornada y otras tantas a Letras Libres– y que se ha llevado más de siete años. En 2010, a instancias de la mentada revista, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ejerció su facultad de atracción sobre el caso, el cual fue turnado al ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
Este magistrado elaboró un proyecto de resolución que pretende situar la querella como resultado de derechos que se encuentran en pugna: el relativo al honor y la reputación y el que garantiza la libertad de expresión, para concluir que el segundo debe imperar sobre el primero.
Con estos y otros argumentos, la ponencia concluye que si bien García Ramírez empleó expresiones desabridas y de mal gusto y que “resulta evidente la exageración utilizada en el texto, especialmente al concluir que la línea editorial de La Jornada equivalía a ponerla ‘al servicio de asesinos hipernacionalistas’, la cual podría resultar sumamente desagradable”, el tono empleado (en el artículo difamatorio) se encuentra justificado por su propósito de causar impacto entre los lectores, de modo que una eventual condena inhibiría el debate abierto sobre temas que, como éste, son de interés público.
De esta manera, el diferendo es minimizado y reducido a que Letras Libres y La Jornada “‘piensan’ de forma distinta y que sostienen puntos de vista alternativos respecto de los mismos hechos”, que lo publicado por la primera acerca de la segunda no es lo suficientemente insultante o desproporcionado y que “las expresiones utilizadas en la columna ‘Cómplices del terror’ se encuentran amparadas constitucionalmente”.
Resulta casi inverosímil que en un documento de la SCJN se pretenda dar protección legal a las falsedades vertidas contra La Jornada en Letras Libres. Pero es igualmente preocupante que uno de sus integrantes no logre ver más que exageración y mal gusto en una acusación pública que atribuye –falsamente– vinculación con el delito más severa y discrecionalmente perseguido y castigado en el mundo contemporáneo, ni que esa acusación conlleva riesgos concretos para quien es víctima de ella. Para aquilatar la gravedad de la calumnia contra La Jornada, es pertinente recordar que la denominada lucha contra el terrorismo internacional, emprendida por el pasado gobierno de Estados Unidos, y a la cual se sumaron la mayor parte de los gobiernos del mundo –incluidos los de Europa y México– se ha traducido en una violenta persecución contra toda persona o entidad sospechosa de actividades terroristas o de vínculos con ellas, y que en el contexto de esa persecución las autoridades han hecho caso omiso de derechos humanos y garantías individuales. En nombre del combate al terrorismo se ha justificado la tortura, la desaparición forzada, la comisión de crímenes de guerra y el acoso judicial –a la postre, ilegal e injustificado– contra individuos, organizaciones y medios informativos inocentes de cualquier práctica terrorista.
Por lo demás, ninguna de las consideraciones contenidas en el proyecto de resolución de marras invalida la contundencia y claridad de los términos en que están redactados los artículos constitucionales reproducidos en el mismo proyecto de resolución del ministro Zaldívar: La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público (6°) y “la libertad de imprenta (…) no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública”. Los límites a la libertad de expresión quedan claramente fijados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (el respeto a los derechos o a la reputación de los demás) y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (“restricciones necesarias (…) para asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás”), ambos textos también considerados en la tesis referida.

Este diario considera improcedente, pues, que se pretenda, a pesar de esos ordenamientos, esgrimir la libertad de expresión para justificar y exonerar acusaciones y calumnias como la cometida en 2004 contra La Jornada por Letras Libres y García Ramírez y amparadas por Enrique Krauze. No ha de omitirse la paradoja de que ese derecho fundamental, cuyo ejercicio ha sido mantenido en forma consistente y convencida por La Jornada desde su fundación –en un entorno caracterizado por la uniformidad noticiosa y la connivencia entre la mayor parte de los medios y poderes públicos autoritarios y antidemocráticos–, pretenda ahora usarse como argumento para permitir la propagación de calumnias como las que dieron pie a este ya largo proceso legal contra La Jornada.
Más allá de la injusticia que se pretende consumar, la ponencia del ministro Zaldívar, de ser aprobada por la SCJN, establecería un precedente indeseable y peligroso para el periodismo nacional, por cuanto daría pie a la difusión de toda suerte de infundios en contra de lo que se denomina personas que se dedican a actividades públicas (físicas o morales), categoría aplicable a los medios, y los eximiría de cualquier responsabilidad legal por la propagación de falsedades, por evidentes que éstas sean.
Asimismo, la adopción de la tesis del ministro Zaldívar por parte de la primera sala de la SCJN instauraría una suerte de ley de la selva en la que las entidades informativas podrían afirmar, unas de otras, las falsedades y acusaciones que quisieran, sin que por ello se les pudiera imputar en forma alguna. Y, en las condiciones de inequidad que caracterizan al país, tal escenario conduciría, de manera inevitable, al triunfo de los poderosos sobre los débiles, del músculo corporativo y financiero sobre las iniciativas sociales, de los discursos dominantes por encima de las voces disidentes.
El ejercicio de la libre expresión conlleva responsabilidades que no deben ser suprimidas. La Jornada no pretende, ni mucho menos, limitar el ejercicio de la libertad de expresión, como tramposamente ha planteado el señor Krauze en su largo peregrinar por sus medios y por los pasillos de la SCJN, cabildeando para llevar agua a su molino.
Es lamentable que se pretenda convertir las libertades de pensamiento, opinión y debate en un envoltorio aceptable de la difamación y la calumnia. Ese es, finalmente, el fondo del aberrante proyecto de resolución elaborado por el ministro Zaldívar. En caso de aprobarse en la instancia agendada para la semana próxima, la Suprema Corte de Justicia de la Nación habrá asestado un golpe mortal al ejercicio responsable de informar.
Y si se trata de acabar con La Jornada y con otros medios independientes que son molestos a los poderes político-empresariales, cabe decir que no nos apartaremos un milímetro de nuestro compromiso fundacional de ejercer la crítica responsable y de dar voz a quienes no la tienen.
Y, como dice el clásico, justicia retardada, justicia denegada.

En total , 100 mil son jornaleros agrícolas

Festeja la SEP que educa a 60 mil niños indígenas migrantes

Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada
Jueves 17 de noviembre de 2011, p. 47

La Secretaría de Educación Pública (SEP) atiende en este momento a unos 60 mil niños indígenas migrantes que se desempeñan como jornaleros agrícolas, un aumento significativo con respecto a los 12 mil 500 que estaban matriculados al inicio del actual sexenio, afirmó Rosalinda Morales Garza, titular de la dirección general de educación indígena.

Antes de su participación en la ceremonia de premiación del 12 concurso nacional Las narraciones de niñas y niños indígenas, la funcionaria indicó que este logro se debe en gran medida al alza presupuestal a este sector en particular, que para el año siguiente llegará a alrededor de 190 millones de pesos.
“Educación indígena va a recibir unos 300 millones de pesos (en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2012) para programas de atención educativa a la diversidad, cuando el nivel histórico era de 165 millones. En el caso de Promajoven –esquema de becas para madres jóvenes y jóvenes embrarazadas, para evitar que deserten de la escuela–, el presupuesto será de alrededor de 110 millones”, informó.
Morales celebró que en el plan de estudios 2011-2012 por primera vez aparezca la asignatura de lenguas indígenas como objeto de estudio con plan curricular, al mismo nivel que el español, y anunció que ya se puso en funcionamiento un sistema nacional escolar para niños migrantes, instancia que puede ayudar a la continuidad académica de los menores y a analizar su desempeño con estadísticas confiables.

En la niñez indígena y migrante es donde están los mayores retos. Ahora todos los niños jornaleros tienen ya un estímulo para seguir sus estudios, que puede ir de los 150 pesos en primer grado hasta 600 pesos en secundaria. Tenemos que hacer un perfil de egreso competitivo que permita a los niños acceder a la educación media superior. El nivel básico no debe ser el techo, tienen que transitar mucho más allá, dijo.
De acuerdo con la funcionaria, en la actualidad hay 58 mil docentes en el área de educación indígena, 20 por ciento de los cuales ya han obtenido o están en proceso de lograr un grado mínimo de licenciatura en 2012.
Aunque admitió que todavía hay muchos aspectos por mejorar, sostuvo que en la más reciente prueba Enlace la educación indígena fue la que más alumnos logró incorporar a los niveles de bueno y excelente en matemáticas, lo que ya los ubica en un nivel adecuado.
El objetivo de esta administración, indicó, es que al término de la misma pueda atenderse a unos 100 mil niños indígenas migrantes que trabajan de jornaleros agrícolas, nivel que significaría un aumento de 800 por ciento respecto a las cifras del sexenio anterior.