ATENDER EL DESASTRE EDUCATIVO

Atender el desastre educativo

En el marco de las protestas emprendidas desde hace días por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) –entre las que se cuentan paros magisteriales indefinidos en Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca–, miles de integrantes de esa organización marcharon ayer en esta capital en reclamo de la democratización del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y la suspensión inmediata de la prueba Enlace, del programa de evaluación universal del magisterio y de la Alianza por la Calidad de la Educación suscrita por el gobierno calderonista y Elba Esther Gordillo. A las movilizaciones se sumaron las denuncias, formuladas por el dirigente de la sección 9 de la CNTE, Francisco Bravo, de la presunta venta de la prueba Enlace a los docentes hasta en 12 mil pesos, lo que, según el dirigente magisterial, “corrobora la corrupción que priva en la burocracia de la SEP y el charrismo del SNTE”.

Es inevitable vincular los señalamientos críticos y las expresiones de inconformidad del magisterio con las que se han manifestado en días recientes desde el sector estudiantil. Sin ir más lejos, en el marco de la primera asamblea general del movimiento #YoSoy132, que se desarrolló el miércoles en Ciudad Universitaria, los participantes acordaron impulsar una serie de medidas orientadas a revertir el abandono presupuestario que ha enfrentado la educación en años recientes (destinar el 8 por ciento de PIB para la enseñanza; garantizar el acceso universal a todos los ciclos de formación, mejorar la infraestructura y fomentar una política educativa con sentido social, entre otras), y a terminar con la falta de democracia y el patrimonialismo que imperan en el SNTE. Asimismo, la salida inmediata de la dirigente vitalicia del gremio, Elba Esther Gordillo, el inicio de un juicio político en su contra y el esclarecimiento respecto de su patrimonio y el de sus familiares.
El descontento de docentes y de estudiantes, en conjunto con la proliferación de denuncias sobre la corrupción de quienes controlan el magisterio, son expresiones sintomáticas de una catástrofe educativa que va más allá de la mala calidad de la enseñanza y de la insuficiencia de la matrícula en los ciclos de educación pública en los niveles medio y superior, y cuyas causas originarias son las carencias presupuestales impuestas por los gobiernos neoliberales y la opacidad en que opera el grupo que controla el SNTE, poder fáctico que no sólo representa un obstáculo para la democratización del magisterio, sino también para la del país en su conjunto.

Sin soslayar la importancia que tienen otros temas de la agenda político electoral en la actualidad –como el estancamiento económico, el incremento de la pobreza y el desempleo, la violencia y la pérdida de seguridad pública que recorren al país–, es claro que la actual crisis educativa y las perspectivas para su solución debieran ocupar un lugar central en la discusión de candidatos y partidos. A fin de cuentas, sin una dignificación presupuestal de los ciclos de enseñanza a cargo del Estado, sin la plena satisfacción de la demanda educativa en todos los niveles, sin la corrección del deterioro en que se encuentran los planteles públicos de docencia, sin una política de Estado que impulse el desarrollo cultural, científico y tecnológico del país, y sin la disposición de la clase política en su conjunto a renunciar a las alianzas con la cúpula gordillista, difícilmente se podrá lograr la reactivación de la economía y el desarrollo nacionales, proveer de oportunidades de superación y movilidad social a los jóvenes, impulsar el avance tecnológico y lograr el restablecimiento del estado de derecho y la paz social en las regiones bajo control de la criminalidad.
Ante la incapacidad de las autoridades actuales para resolver las distintas problemáticas que convergen en materia educativa, cabe pedir a las distintas fuerzas partidistas y a sus candidatos que pongan el tema educativo en el centro del debate político en curso, pues de ello depende en buena medida la viabilidad del país y las perspectivas de un futuro digno para su población.