Ruben Darío
SFP y la Estela de Luz
Compromisos, gratitud...

Ortiz Tejeda

La esposa del ex secretario de la Función Pública Salvador Vega Casillas, Gladis López Blanco, “fue denunciada –cuando se desempeñó como subprocuradora de Verificación y Vigilancia de la Profeco– ante el Presidente de la República por un grupo de empresarios, de comandar una red de extorsionadores que les exigían fuertes cantidades, a cambio de prevenirlos con oportunidad de los operativos de inspección que se llevarían en sus expendios de gasolina”Foto Marco Peláez/ Archivo

Estuve tentado a posponer la inclinación a la nota roja que he prac- ticado en las últimas columnetas, y terminar el año con cuestiones menos sórdidas. Finalmente decidí lo contrario: tratar de que esta cronicación tuviera el efecto de un exorcismo y nos liberara de los demonios que nos han habitado en los últimos sexenios.

Ya dimos algunos nombres muy importantes de los sospechosos, de los presuntos culpables, a quienes la Secretaría de la Función Pública (SFP), hoy finada, denunció ante el Ministerio Público Federal y a quienes éste consignó ante el juez federal Rubén Darío, de quien yo había leído que maneja el idioma con elegancia y cuidado, lo renueva con vocablos brillantes, en un juego de ensayos métricos audaces y primorosos y se atreve a realizar con el combinaciones poéticas dignas de fray Luis de León. Rubén Darío es el príncipe de los versos alejandrinos, los de 14 sílabas métricas divididos por dos hemistiquios de siete cada uno en las que se acentúan la tercera y la decimotercera sílaba...
Perdón, perdón, pero ¿qué cosas estoy diciendo? Norma de Aquino, mi housekeeper, volvió a ordenar mis notas de acuerdo con el color y el tamaño y ahora, por su culpa, confundí a Félix Rubén García Sarmiento, poeta nicaragüense, universalmente conocido como Rubén Darío y reconocido como piedra angular del modernismo, con el licenciado Rubén Darío Noguera, juez federal cuyos acuerdos y sentencias son siempre escritos en prosa y en un periclitado argot jurídico.
Aprovecho la confusión para comentar que el mencionado juez –¡qué coincidencias, Santo Niño de Atocha!– es el mismo que lleva los pendientes de la señora Gordillo en el juzgado decimocuarto en procesos penales. Pues resulta que el señor Darío consideró que, de acuerdo con las razones esgrimidas por la Secretaría de la Función Pública –así de sólidas y contundentes serían–, nadie merecía castigo alguno. Por eso, que yo sepa, no hay en merecidísima prisión responsable alguno de esa afrenta ideológica, cultural y económica que es la cínicamente llamada Estela de Luz”.
La Función Pública, en cambio, infligió un castigo ejemplar a los tres funcionarios más importantes de la empresa III Servicios, a la cual se le otorgó, repetimos, sin licitación legal, el contrato para la edificación de la obra: al gerente de administración y finanzas, Ricardo Morales y al director jurídico, Rubén Arena, les aplicó una inhabilitación de larguísimos 12 meses para ocupar cualquier puesto público; a Agustín Castro Benítez, director general de la empresa mencionada, le dictó casi pena capital: durante 12 años no podrá, pese a su profunda vocación y decidida entrega, seguir sirviendo a sus conciudadanos desde cualquier encargo gubernamental. Les ruego que reflexionen sobre el golpe tan demoledor que le propinó la justiciera e incorruptible SFP a este honorabilísimo servidor: tener que vivir en Matanitu ko Viti (isla principal de las islas Fiyi o Fiji): mar azul, finísima arena, sol cálido y radiante, pescados y mariscos seguramente afrodisiacos, bebidas exóticas y nativas de cuerpos y caras carísimos.
Sin embargo, el 13 del 13, de mil 400 milloncejos, claro que alcanza para esto y más, pese a los evidentes moches/comisiones a que nobleza obliga. Esta larga historia tiene un absoluto happy end… pero para los funcionarios y contratistas. Tal vez a mí se me escapó pero, ¿conocen ustedes a alguien que haya sido obligado a reponer al erario una mínima parte, digamos un 13 por ciento de lo defraudado? Bueno, ¿que haya caído en el Torito por una simple falta administrativa, de las que, en estas fiestas se cometieron como 2 mil? ¿A quien se haya ordenado escribir cien páginas de los mandamientos 7, 8 y 10 de la ley de Dios? Después de este monumento a la impunidad; se pueden seguir sosteniendo algunas falsedades moralistas como: el que la hace la paga (o sea nosotros), o no hay crimen sin castigo? El ganador del concurso, por su parte, nunca explicó cómo y por qué se hizo de este contrato al margen de la normatividad. Por qué peleó con el comité técnico en varias ocasiones, al grado de qué ni a la inauguración fue invitado. ¿Por qué aceptó contruir una obra que, según sus propias palabras, nada tenía que ver con su proyecto?

La Estela fue imaginada, desde las alucinaciones calderonescas, para que llegara a estar inscrita en la nómina de las construcciones emblemáticas de algunos países, que suelen ser identificados con la sola imagen, o el nombre de la obra: la Torre Eiffel, el Partenón, la Alhambra, la Esfinge, el Coliseo, el Taj Mahal, la Torre Inclinada, el Big Ben, la Estatua de la Libertad, los Guerreros de Terracota, la pirámide de Chichén Itzá, la Plaza Roja, el Ateneo Fuente (de Saltillo, por supuesto). Al paso del tiempo (el delirium tremens es canijo), pensaba Felipe de Jesús: a la estela le darán su legítimo apellido y entonces, nacionales y ajenos, le llamarán la Estela de Luz... de Calderón.
La cereza del pastel. La SFP tuvo más de dos años para deshacer entuertos. No lo hizo. No quiso, no podía hacerlo. ¿Gratitud, compromisos, espíritu de cuerpo, complicidad? ¡Chi lo sá! Pero lo que sí sabemos, porque la Auditoría Superior de la Federación lo denunció a tiempo, es que ni siquiera fue capaz de rechazar una cotización presuntamente apócrifa presentada por el Inerhrm, bajo la dirección (bajo es un eufemismo que se puede entender como: hundido, sepulto), de José Manuel Villalpando, compañerito de la Libre de Derecho de Felipe de Jesús (menos lo iba a hacer con las modificaciones a los contratos originales, los sobreprecios, la supresión de obras incluidas en el proyecto, y mil cosas más que redondearon el aumento de 192 por ciento del presupuesto original).
Tal vez un esfuerzo de memoria nos ayude a entender el fondo (muy bajo, por cierto), de este asunto. En 2009, la entonces subprocuradora de Verificación y Vigilancia de la Profeco fue denunciada ante el Presidente de la República por un grupo de empresarios, de comandar una red de extorsionadores que les exigían elevadas cantidades, a cambio de prevenirlos con oportunidad de los operativos de inspección que se llevarían en sus expendios de gasolina. El aviso oportuno salía ligeramente más cariñoso que un anuncio en El Universal. El asunto fue de grandes proporciones, aunque no tanto como la lenidad de que hizo gala Felipe de Jesús con sus allegados, como de costumbre. Las pruebas contra la subprocuradora fueron abrumadoras: el diputado Pablo Escudero reveló la existencia de la averiguación AP/PGR/VEIDT/SPM28, que la involucraba directamente, además de que, analizadas sus cuentas bancarias, tenían serias incongruencias con sus declaraciones al Servicio de Administración Tributaria.
En el pleno de la Cámara de Diputados impactó en forma tal la información presentada por el diputado Guillermo Ruiz de Teresa (la alteración de las máquinas despachadoras de gasolina para que sirvan menos litros de los que se cobran representa una pérdida de 47 mil millones al año), que la abrumadora mayoría de la Cámara solicitó al Presidente la separación provisional del secretario de la Función Pública para que la investigación pudiera llevarse a cabo sin influencias, presiones, ni favoritismos.
Seguramente habrá gente de buena fe que considere absolutamente desproporcionada esta petición. Esta eventualidad me obliga, contra mi costumbre, a proporcionar un pequeño referente familiar: la denunciada subprocuradora de la Profeco se llama Gladis López Blanco, quien, siguiendo una arcaica y poco dignificante costumbre, agrega a su nombre la palabra de, preposición que, según mi ajetreado María Moliner, denota posesión o pertenencia. Y resulta que el sujeto de esa pertenencia era, al tiempo, titular de la Secretaría de la Función Pública. O sea, un cristiano matrimonio: hasta que la muerte los separare, o las cuentas bancarias mancomunadas lo provoquen. ¿Verdad que por esta vez, aunque sin resultados, los diputados desquitaron la dieta? El próximo año veamos el capítulo llamado Religión y fueros.
Me había propuesto esconderme, huir de los sentimentalismos de estas fechas que me abruman, pero no puedo. Tengo que confesarlo o estallo: me declaro, y voluntariamente, cómplice, con José Emilio, de Alta traición: no amo mi Patria.