La medición de la pobreza en el mundo / IV
Imputan valores monetarios a educación, salud y vivienda al medir pobreza

Julio Boltvinik

El libro Counting the Poor, editado por Besharov y Couch, que he examinado en las dos entregas anteriores, una vez presentadas las mediciones oficiales de la OCDE y la Unión Europea (EU) en la Parte I, dedica las partes II y IV (el 30 por ciento del libro) a temas que podríamos llamar secundarios o de detalle, como califica David S. Johnson, de la Oficina del Censo de EU, en el libro, a las ponencias de la Parte II, que buscan ampliar los recursos de los hogares que se toman en cuenta para medir la pobreza, añadiendo nuevos rubros al concepto de ingreso (ingreso en especie tanto de origen público como privado, y los ingresos derivados de activos) o sustituirlo por consumo. La Parte III aborda los procedimientos utilizados, tanto en países ricos como pobres, para determinar la población objetivo de diversos programas asistenciales, así como las dudas que tienen los involucrados en su diseño (y los académicos) sobre el efecto que en los incentivos para trabajar tienen tales asignaciones. Aunque los autores, ni los editores, lo hacen explícito, esta parte aborda el difícil tema de lo que he llamado las relaciones entre mediciones generales de pobreza, útiles como indicadores generales de desarrollo y de justicia, y las mediciones específicas, que son las que realizan los programas sociales para incluir o excluir a beneficiarios potenciales. Es sólo en la Parte V, prácticamente la última del libro (y sólo una cuarta parte de su extensión), donde se abordan las mediciones multidimensionales que son las únicas que hacen honor al subtítulo del libro: Nuevo pensamiento sobre las medidas europeas de pobreza.

Hoy abordo las Partes II y IV. En el primer artículo de la Parte II, Sutherland y Tsakloglou abordan los efectos de valorar los apoyos no monetarios (en especie) del gobierno en la desigualdad y la pobreza en 5 países europeos. Los autores comienzan su artículo redescubriendo lo obvio (pero usualmente olvidado):
“La disposición (o control) sobre recursos de un hogar está determinada no sólo por su poder de gasto sobre mercancías que puede comprar, sino también por los recursos de que disponen sus miembros mediante la provisión en especie del estado de bienestar y de fuentes privadas. La omisión de estos ingresos en especie del concepto de recursos en estudios distributivos, cuestiona la validez de sus comparaciones, tanto de series de tiempo en un mismo país como entre países. Por ejemplo, comparando la distribución del ingreso entre dos países, uno donde los servicios de salud son financiados básicamente mediante pagos de bolsillo y otro donde son provistos por el estado sin cargo alguno a los ciudadanos, llegaremos a conclusiones inválidas sobre la desigualdad… ”(p.95).
A pesar de su obviedad, la anterior enunciación es una dura (aunque incompleta) crítica a la práctica dominante que no toma en cuenta la fuente de bienestar de los hogares/personas: acceso a bienes y servicios gratuitos. Es incompleta porque no se percata de otras fuentes también omitidas: activos, tiempo disponible y conocimientos y habilidades1. El remedio, también bastante trillado, no es satisfactorio: calculan el valor monetario de los beneficios de salud, educación y subsidio a la vivienda pública, tomando como valor su costo de producción por parte del Estado y sumando estos valores al ingreso corriente, es decir, tratándolos como si fueran dinero y pudieran usarse para satisfacer cualquier necesidad. Una de las implicaciones conceptuales de este procedimiento, que ellos mismos destacan, es que al agregar las transferencias en especie al ingreso, educación y salud se tratan como si fueran mercancías privadas y que los hogares deben comprar para obtenerlos. (p.108). Lo que reconocen se acerca a lo que me ha llevado a rechazar las mediciones de pobreza que convierten todas las fuentes de bienestar en montos de dinero:
Aunque el ingreso monetario corriente y los activos no básicos permiten la satisfacción de una gama amplia de necesidades (en principio, cualquier necesidad que pueda satisfacerse a través del consumo de bienes y servicios disponibles en el mercado), otras fuentes son más específicas. El ingreso corriente no monetario y el patrimonio básico asumen la forma de bienes específicos que proporcionan servicios particulares (por ejemplo, maíz, una casa, una mesa). Por tanto, sólo pueden satisfacer necesidades específicas. La política social del gobierno generalmente proporciona bienes y servicios en especie (educación, atención a la salud, alimentos) relacionados con una necesidad específica. Los elementos involucrados en la discusión de las fuentes de bienestar son enfocados en la corriente dominante del pensamiento económico, que reconoce la insuficiencia del ingreso corriente como un indicador del control o disposición de recursos, a través de indicadores compuestos del estatus económico de los hogares. Aldi Hagenaars describe las adiciones sucesivas de rubros a estos indicadores compuestos. Poniéndolos juntos, la disposición sobre recursos sería igual a la suma del ingreso corriente, más el valor de la producción doméstica, el valor del ocio, el flujo anual derivado de los acervos netos de capital, y el valor de las transferencias no monetarias (públicas y privadas). Aunque el punto de partida de estos enfoques y el mío son similares (la visión integral del hogar), dos diferencias generales destacan: 1) mientras todos los elementos constitutivos son vistos estrictamente como medios en el enfoque del estatus económico, mientras yo concibo que el tiempo y los conocimientos/habilidades son, al menos parcialmente, fines en sí mismos; 2) se establece un claro contraste entre mi postura sobre el carácter irreductible (a ingresos monetarios), conceptualmente y en la práctica, del tiempo y los conocimientos, y la irreductibilidad práctica (a términos monetarios) de los servicios provistos por el sector público, y la reducción a dinero de todos los elementos en el enfoque del estatus económico.

En la gráfica se presentan los efectos, tomados de Sutherland y Tsakloglou, en los cálculos de la población en-riesgo-de-pobreza (que la OCDE define como población con ingresos menores a 60 por ciento de la mediana del ingreso) al incluir en el ingreso disponible de los hogares los tres rubros de transferencias en especie (educación, salud y vivienda). Además incluyen estos ingresos, ya trasformados en sumas de dinero, para recalcular 60 por ciento de la mediana del ingreso disponible y, con el nuevo umbral, vuelven a calcular la población en-riesgo-de-pobreza (pobreza de ahora en adelante). A pesar de que la mediana del ingreso es ahora más alta, la pobreza baja mucho en todos los países y más en el Reino Unido. La razón de ello es que al incluir los servicios en especie en los ingresos de los hogares, la desigualdad disminuye sustancialmente en los 5 países y, siendo la forma de medir la pobreza de la OCDE (y la UE) una mezcla de medición de desigualdad y pobreza, una baja en la desigualdad se refleja como baja en la pobreza.
1 En 1990 (Pobreza y necesidades básicas, PNUD, Caracas) enuncié por primera vez la conceptualización de las fuentes de bienestar de los hogares. En su versión madura, por ejemplo en el capítulo 1, pp. 55-56 del libro (en coautoría con Hernández-Laos), Pobreza y distribución del ingreso en México, Siglo XXI editores, 1999, las seis fuentes de bienestar enunciadas son: a) ingreso corriente; b) bienes y servicios gratuitos; c) activos que proporcionan servicios de consumo básico; d) los niveles educativos, las habilidades y destrezas, como expresiones de la capacidad de entender y hacer; e) el tiempo libre (o disponible para la educación, la recreación y el descanso).