Necesaria, la evaluación de docentes para lograr calidad

Laura Poy Solano

Periódico La Jornada
Domingo 13 de enero de 2013, p. 33

Aplicar nuevos criterios para garantizar la calidad educativa en las escuelas particulares y establecer una evaluación obligatoria, como propone la Secretaría de Educación Pública (SEP), puede ser un buen camino, pero no debe limitarse a las instituciones, también debe haber algún mecanismo para certificar a sus docentes, afirmó Romualdo López Zárate, experto en el sistema educativo nacional y ex secretario general del Consejo Mexicano de Investigación Educativa (Comie).

Luego que el titular de la SEP, Emilio Chuayffet Chemor, aseguró que con la reforma educativa –aprobada por el Congreso en diciembre pasado–, ningún centro escolar privado escapará de la evaluación, el especialista afirmó que el problema central de la calidad de la educación privada no está en la formación básica, pues sólo se atiende a 10 por ciento de la matrícula nacional, sino en bachillerato y licenciatura.
Agregó que hay una enorme diferencia cuando se habla de la acreditación o revalidación de programas de estudio en la formación básica o superior. En el primer caso, explicó, no existe una dificultad tan grande en materia de calidad, porque los contenidos no difieren tanto del modelo público, pero en otros niveles educativos es diferente.

Es el caso del bachillerato y la licenciatura, donde la normatividad vigente no ha sido suficiente para asegurar la calidad académica. Destacó que hasta el momento la evaluación y certificación de sus programas es voluntaria, nada los obliga a realizar un control de calidad.
Y no sólo a la institución, sus planes de estudio e infraestructura, enfatizó, tampoco se evalúan a los docentes. Sólo aquellas escuelas que pretenden alcanzar mayores ingresos se someten a un modelo de acreditación, pero es optativo, no obligatorio.
López Zárate, catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana, señaló que el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios sigue siendo un instrumento válido, aunque insuficiente, pues es evidente que las autoridades educativas no han podido establecer en buena parte de las instituciones particulares un mecanismo que las obligue a evaluarse y certificarse y garantizar mejores niveles de calidad.
Explicó que el mayor número de instituciones de educación acreditadas en México son públicas, pues están obligadas a hacerlo para seguir recibiendo recursos públicos, como ocurre con las universidades públicas federales y estatales.