Paradigmas fracasados y virajes impostergables

Ayer, al presentar la tercera evaluación del desempeño ambiental de México, elaborada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), su secretario general, José Ángel Gurría, indicó que la tasa de pobreza de nuestro país es la más alta de las naciones que integran al organismo multinacional, particularmente entre los grupos indígenas.

En boca del ex titular de Hacienda y Crédito Público, dicha declaración adquiere tintes de reconocimiento del fracaso del rumbo económico por el que ha sido conducido el país en las recientes tres décadas. Cabe recordar que Gurría señaló la víspera que México es uno de los países más responsables del mundo, en alusión al alineamiento acrítico que han mostrado los recientes gobiernos federales a las directrices emanadas del consenso de Washington, cuando es justamente la aplicación de ese paradigma económico el que ha causado en el país una multiplicación del número de pobres, una concentración mayor de la riqueza y una consecuente profundización de la desigualdad social.
Por lo demás, la vergonzosa posición de México como el país con mayor proporción de habitantes depauperados dentro de la OCDE debe contrastarse con el proyecto político-económico de la recién inaugurada administración federal priísta y con las perspectivas reales de superación a los múltiples rezagos que padece el país en materia social, educativa, fiscal, ambiental y democrática.
Hasta ahora, la agenda de la administración encabezada por Enrique Peña Nieto se ha centrado en promover y lograr acuerdos partidistas orientados a la aprobación de un nuevo paquete de reformas estructurales, y en ese afán ha logrado construir una agenda común con las fuerzas opositoras –el llamado Pacto por México– para impulsar tales modificaciones. Ayer mismo, el consejo rector de ese acuerdo político delineó las fechas y plazos para concretar paquetes de enmiendas en rubros tan estratégicos como el de las telecomunicaciones, el hacendario y el energético, y otro tanto puede decirse de la reforma constitucional en materia educativa recientemente avalada en ambas cámaras del Congreso de la Unión y que actualmente cumple con el procedimiento correspondiente en las legislaturas estatales.

Está por verse, sin embargo, si esas modificaciones legales permitirán efectivamente romper el control oligopólico del espectro radioeléctrico –propiedad de la nación y componente imprescindible del desarrollo económico– o lo consolidarán; si promoverán el cobro justo de impuestos a los dueños de las grandes fortunas o permitirán que el Estado siga ensañándose con los contribuyentes cautivos y –por vía de la eliminación de subsidios– con los sectores más pobres de la sociedad; si harán posible que la industria petrolera nacional adquiera la autosuficiencia financiera y la transparencia necesarias para su desarrollo o si, por el contrario, impulsarán su traslado a manos privadas, y si lograrán que efectivamente el Estado recupere la rectoría en materia de la enseñanza o derivarán en el sometimiento de la educación pública a intereses de particulares.
A estas alturas, tendría que ser evidente que nuevas reformas neoliberales y pro empresariales no van a sacar a México de la circunstancia de declive que enfrenta; por el contrario, la agravarían. La reactivación económica, el mejoramiento en educación, la realización de la justicia social y la recuperación de la plena gobernabilidad requieren, por el contrario, de un cambio del modelo económico que se ha seguido hasta ahora y que ha sido dictado, principalmente, por las cúpulas empresariales locales, los organismos financieros internacionales y los capitales trasnacionales.