La reforma educativa y la OCDE

Luis Hernández Navarro

El tamaulipeco José Ángel Gurría, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), tiene dotes de astrólogo. Entusiasmado por la aprobación de las reformas laboral y educativa a finales de 2012 y por las que están en puerta, declaró a la prensa: Al menos en los últimos 15 años, no habían estado los astros tan alineados como ahora para aprobar un buen número de reformas estructurales, y eso hay que aprovecharlo.

Su gusto por las predicciones no es nuevo. En 1993 profetizó ante un grupo de empresarios japoneses que el proyecto del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari duraría hasta 2012. Su conjetura no era desinteresada. Gurría formó parte de esa administración como director general del Banco Nacional de Comercio Exterior, negociador del capítulo financiero del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y, como director general de Nacional Financiera (Nafinsa).
Militante del PRI desde los 18 años, a José Ángel Gurría es fanático del libre mercado. Secretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores con Ernesto Zedillo y uno de los favoritos del ex mandatario para sucederlo en Los Pinos, fue apodado el Ángel de la dependencia por su determinación de que México negociara su deuda externa con organismos financieros multilaterales y bancos extranjeros al margen de otros países deudores de América Latina que buscaban mejores condiciones de pago. Esos organismos –justificó– no vienen a darnos recetas ni imposiciones, sino a compartir su conocimiento sobre temas que analizan y estudian.
Desde junio de 2006, el Ángel de la dependencia pudo comprobar que no es lo mismo ser cantinero que borracho. Una cosa es beber las copas y otra servirlas. En esa fecha asumió por primera ocasión la secretaría general de la OCDE y pasó a compartir el conocimiento sobre los temas que analiza y estudia a los países que la integran. A partir de entonces se ha dedicado a despachar amargas recetas neoliberales a cuanto gobierno se deja. Uno de los sectores de intervención predilectos del club de países ricos es el educativo. De hecho, la reforma educativa que aprobó el Congreso de la Unión el pasado 20 de diciembre tiene el inconfundible aroma de las conclusiones del Acuerdo de Cooperación OCDE-México para Mejorar la Calidad de la Educación en las Escuelas de México, publicadas en Mejorar las escuelas: estrategias para la acción en México de 2010 y Establecimiento de un marco para la evaluación e incentivos docentes: consideraciones para México de 2011.
Uno tras otro, los puntos sobre transformaciones en el sistema de enseñanza en México anunciados por Peña Nieto en su discurso de toma de protesta como Presidente el 1º de diciembre pasado, las propuestas pedagógicas incorporadas al Pacto por México y las recientes reformas a los artículos 3 y 73 constitucionales, fueron recomendaciones de la OCDE. Es decir, los cambios al sistema educativo recientemente aprobadas por el Congreso provienen de un organismo multilateral.

No hay novedad alguna. No se trata de una excepción, sino de la regla. A pesar de que el Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA), impulsado por la OCDE, no toma en cuenta ni el currículo nacional ni las diferencias socioculturales y regionales, se aplica en México desde 2000. Ambiciosas proyectos pedagógicos, como la Reforma Integral a la Educación Básica y la Alianza por la Calidad de la Educación, son, en mucho, frutos de las propuestas que el club de países ricos hizo al gobierno federal en el Análisis del sistema escolar mexicano a luz de los resultados PISA de 2006.
Esta enorme influencia de la OCDE en la educación del país ha llevado a investigadores como Marcelino Guerra y Lucía Rivero a preguntarse si la SEP mudó su domicilio de la Plaza de Santo Domingo a París, ya que su sede central se encuentra en el Chateau de la Muette en esa ciudad. La revista Contralínea documentó la enorme cantidad de recursos que el país paga al organismo por sus estudios y asesoría y lo que se gasta en el traslado de funcionarios del sector educativo a las oficinas parisinas.
Lo que diferencia de las anteriores reformas los recientes cambios a la Carta Magna en materia educativa es que éstos elevan a un rango superior las propuestas de la OCDE. Los constitucionaliza. Con ello se pone un candado que cierra la puerta y evita que se dé marcha atrás en estas reformas, a pesar de su ineficacia. Ese es el caso, por ejemplo, de la evaluación magisterial.
El 23 y 24 de junio del año pasado se realizó la evaluación universal para el magisterio, basada en exámenes estandarizados. Pese a la presión de las autoridades para que los profesores participaran en ella, el resultado final fue un fracaso. Según la SEP, en todo el país sólo 264 mil 379 docentes realizaron la prueba. Presumiblemente, la cifra fue inflada. Diversos analistas consideran que los profesores que hicieron la prueba no fueron más de 150 mil. La reforma constitucional y sus futuras legislaciones secundarias abren la puerta para que esas evaluaciones se conviertan en obligatorias, para que se sancione a quienes no se sometan a ellas y para que, a partir de sus resultados, se ponga en riesgo la estabilidad laboral.
Muchos estudios y recomendaciones de la OCDE hacia México han sido fuertemente cuestionados por su falta de seriedad y dogmatismo neoliberal. Por ejemplo, Carlos Slim calificó de falsos, irracionales y mentirosos los datos difundidos por el club en su estudio sobre las telecomunicaciones. Sin mencionarlo expresamente por su nombre, el empresario mexicano dijo de José Ángel Gurría: Vienen, pontifican y se van; y cuando estuvieron a cargo de muchas responsabilidades no resolvieron los problemas que hoy plantean.
Lo mismo puede afirmarse de sus pontificaciones educativas. Sólo que ahora los legisladores elevaron a rango constitucional esas recomendaciones, a pesar de que no resolverán los problemas educativos del país. A lo mejor ellos también quieren mudar su domicilio a París.