La mala educación, una vez más
Rolando Cordera Campos
La detención de la profesora Elba Esther Gordillo nos pone frente a lo que nos resume como comunidad: nuestra mala educación. No hay manera de evitar el veredicto.
Por mucho tiempo, el pueblo mexicano puso en la educación y los maestros sus esperanzas de avance, hasta que en los últimos lustros del siglo XX se hizo patente lo que Gilberto Guevara llamara una tragedia silenciosa, un país de reprobados. El doctor Rafael Pérez Pascual, por su parte, en la revista Configuraciones, nos alertó sobre el clasismo que se cernía sobre el sistema educativo nacional, concebido de origen como la fuente de una ciudadanía republicana.La ironía de esta historia es que, cuando esto estaba ocurriendo, tenía lugar el salto del país a la democracia representativa. El nuevo país democrático clamaba por ciudadanos demócratas cuando el sistema económico producía excluidos y subempleados. Todos jóvenes.
Quizá pueda ser ahora, cuando el magisterio arde y los padres de familia se preguntan por lo que ha pasado, que tenga algún sentido preguntarse por el sentido de la educación pública. Desde luego, es indispensable que la sociedad en su conjunto y el Estado se hagan cargo de esas ilusiones y esperanzas del pueblo en la educación y se comprometan a volver realidad lo que ha sido, a lo largo de los años, en gran medida una utopía.
En particular, el gobierno actual tiene que concretar sus compromisos con la educación pública, la cual debe quedar libre de una vez y para siempre de las supercherías privatizadoras de los cupones o las subvenciones que son tan caras a los supuestos profetas de la educación libre y moderna. Las enseñanzas de Chile debería ser suficientes al respecto y las necedades sobre los falsos éxitos de Chile en la materia quedar debidamente acreditadas.
Lo que impuso la dictadura de Pinochet no fue un buen sistema educativo, sino una simulación lucrativa, contra la cual se han levantado con razón millones de chilenos. Qué vergüenza que todavía hoy algunos desvelados se atrevan a ponderar lo que ha sido un auténtico atentado civilizatorio en la patria de Neruda y Gabriela Mistral.
El gobierno tiene que tutelar los derechos humanos, desde luego laborales, de los profesores. Sin ellos no hay reforma. La estigmatización de este oficio tiene larga data, y algunos se regocijaban hablando de los
La sociedad en su conjunto y sus núcleos más favorecidos y activistas tienen que reconocer que la educación pública no es un valor de cambio ni tiene por qué dar lucros. Más que querer aprovechar la crisis, abierta por la decisión del gobierno de encauzar a la profesora, para adelantar sus ilusiones mercantilistas, los empresarios y sus epígonos en el gobierno deberían admitir de una vez por todas que sólo siendo pública la educación podrá ser pilar de la eficacia y la modernización.
No hay manera de negar que la educación, para ser socialmente productiva, tiene que ser para todos, pública y abierta, laica y con vocación incluyente.
La educación puede esconder un tesoro, como alguna vez dijo J. Delors, para el logro y el avance individual, pero esto sólo es factible si se inscribe a la educación en un proyecto del desarrollo nacional que tenga como una de sus divisas principales la forja de una ciudadanía robusta. Sólo una educación pública sólida puede proveerla y cubrir estos requisitos primordiales.
Antes y más allá de los tribunales y los abusos que salgan y vengan, está la gran promesa de Vasconcelos, Alfonso Reyes, Torres Bodet o Ignacio Chávez, de hacer de la educación la piedra miliar de una sociedad habitable por equitativa y consciente de sus derechos. Es en esto en lo que debe centrarse el debate y la elaboración de planes y propuestas. Para empezar, sobre lo que significa para nosotros una educación para todos y, por ende, pública y laica.
Sin olvidar en la fiesta que aquí lo que ha privado es la mala educación, de todos.
pobresores. Hoy, sin embargo, es indispensable que el Estado asuma que la labor educativa es central para todo proyecto de desarrollo con ciudadanía y democracia, como el que ha dicho que quiere llevar a cabo.
La sociedad en su conjunto y sus núcleos más favorecidos y activistas tienen que reconocer que la educación pública no es un valor de cambio ni tiene por qué dar lucros. Más que querer aprovechar la crisis, abierta por la decisión del gobierno de encauzar a la profesora, para adelantar sus ilusiones mercantilistas, los empresarios y sus epígonos en el gobierno deberían admitir de una vez por todas que sólo siendo pública la educación podrá ser pilar de la eficacia y la modernización.
No hay manera de negar que la educación, para ser socialmente productiva, tiene que ser para todos, pública y abierta, laica y con vocación incluyente.
La educación puede esconder un tesoro, como alguna vez dijo J. Delors, para el logro y el avance individual, pero esto sólo es factible si se inscribe a la educación en un proyecto del desarrollo nacional que tenga como una de sus divisas principales la forja de una ciudadanía robusta. Sólo una educación pública sólida puede proveerla y cubrir estos requisitos primordiales.
Antes y más allá de los tribunales y los abusos que salgan y vengan, está la gran promesa de Vasconcelos, Alfonso Reyes, Torres Bodet o Ignacio Chávez, de hacer de la educación la piedra miliar de una sociedad habitable por equitativa y consciente de sus derechos. Es en esto en lo que debe centrarse el debate y la elaboración de planes y propuestas. Para empezar, sobre lo que significa para nosotros una educación para todos y, por ende, pública y laica.
Sin olvidar en la fiesta que aquí lo que ha privado es la mala educación, de todos.
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