Establecimiento del salario mínimo a nivel nacional

OBREROS EN UNA EMPRESA TEXTIL, CA. 1910, PLACA SECA DE GELATINA, FONDO CASASOLA, INV. 311, SINAFO, CONACULTA INAH- MEX; REPRODUCCIÓN AUTORIZADA POR EL NSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA Miles de trabajadores se beneficiaron de la instauración del salario mínimo a nivel nacional en 1934.

En los primeros días de enero de 1934 (el 5 según las efemérides de la Secretaría de Educación Pública, aunque algunas fuentes refieren el día 1 o el 3), Abelardo L. Rodríguez, presidente interino de México, instauró el primer salario mínimo de alcance nacional. Era la culminación de una etapa en la larga lucha de los trabajadores mexicanos para dignificar su trabajo, la cual inició, como muchas de esas batallas, impulsada por el Partido Liberal Mexicano (PLM) y la incansable voluntad de los hermanos Flores Magón, quienes expresaron en 1906, en el punto 21 del célebre programa del PLM: “Establecer un máximum de ocho horas de trabajo y un salario mínimo en la proporción siguiente: de un peso para la generalidad del país, en que el promedio de los salarios es inferior al citado, y de más de un peso para aquellas regiones en que la vida es más cara y en las que este salario no bastaría para salvar de la miseria al trabajador”. No está de más aclarar que los magonistas se referían a un peso plata (algo así como 250 pesos actuales, según el libro Estadísticas históricas, edición 2010, del INEGI).

Cabe decir que los primeros países en donde se estableció de forma legal esta figura fueron los lejanos Australia y Nueva Zelanda, que para 1907 instauraron un salario mínimo que permitiera a un hombre, su mujer y dos hijos, una “existencia digna”. Regresando a México, podemos encontrar en el Diario de debates del Congreso Constituyente, de 1917, una riquísima fuente de información sobre las discusiones que dieron forma al artículo 123 en general y al concepto de salario mínimo en particular. Los constituyentes, impulsados por Francisco J. Múgica, Froylán C. Manjarrez, Alfonso Cravioto y Esteban Baca Calderón, entre otros, se dieron a la tarea de elevar a rango constitucional –por primera vez en el mundo– las dos principales demandas de la lucha obrera que se venían exigiendo en los últimos cincuenta años: la jornada laboral de ocho horas y el establecimiento del salario mínimo, el cual debía ser, según el texto final, “suficiente para satisfacer las necesidades normales de la vida del obrero, su educación y sus placeres honestos, considerándolo como jefe de la familia”.