VIOLENCIA Y SALDOS DESASTROSOS. 05-05-2012

Violencia y saldos desastrosos

De la cuota de muertes violentas que se registraron ayer en el país destaca el hallazgo de 23 cuerpos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, nueve de ellos colgados en un puente y 14 más arrojados a las afueras de la Asociación de Agentes Aduanales de esa ciudad fronteriza.

Tales crímenes –que demuestran en forma contundente el dominio que la delincuencia organizada ha conseguido en diversos puntos del territorio nacional– se produjeron con pocas horas de diferencia respecto de las afirmaciones realizadas por el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, durante su gira en Puebla, en el sentido de que la estrategia (de seguridad) en curso es la correcta, está rindiendo frutos más allá de los vaivenes y sobresaltos que puedan ocurrir en las coyunturas, y tendrá éxito de preservarse en las mismas.
En el momento presente, sin embargo, las aseveraciones optimistas del gobierno de México contrastan con los saldos desastrosos de una violencia y una barbarie que están vinculadas, sin duda, con las actividades de los grupos delictivos, pero sobre todo derivan de la errada estrategia oficial para combatirlos, la cual no ha podido contener ni mucho menos derrotar a las organizaciones de criminales y que, por el contrario, parece haber multiplicado su fuerza y presencia nacional.
En primer término, resulta ya inocultable que los saldos de la violencia han comenzado a mermar en los indicadores de la economía, si se atiende a lo informado ayer por la agencia calificadora Standard and Poor’s en el sentido de que el clima de inseguridad en el país ha costado un punto porcentual del producto interno bruto, equivalente a 150 mil millones de pesos. Mucho más palpable es, en todo caso, la aniquilación de miles de empresas y comercios que han debido cerrar en los últimos años por efecto de la inseguridad –según han denunciado diversas organizaciones empresariales–, lo que se traduce en pérdida de empleos, incide en la profundización de la pobreza y contribuye, en suma, a la retroalimentación del rezago socioeconómico que sirve de caldo de cultivo para la delincuencia.

En el terreno de lo social, los efectos de la criminalidad se reflejan en el creciente número de desplazados internos –160 mil en 2011, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados– como consecuencia de las disputas entre cárteles o entre éstos y las autoridades. A ello se suman los alarmantes datos procedentes de algunas regiones de Tamaulipas, Nuevo León o Chihuahua en las que el completo descontrol de los grupos armados irregulares y la ausencia del Estado se han traducido en pueblos fantasmas y en inmuebles deshabitados.
Por lo que hace al proceso electoral en curso, la perspectiva no es menos preocupante, pues la actual deriva en materia de seguridad pública no sólo abre la posibilidad de la infiltración de la delincuencia organizada en partidos, candidaturas y organismos electorales, sino también conlleva el riesgo de que la violencia y la impunidad, así como el control territorial que diversos grupos delictivos ostentan en varios puntos del país, puedan interferir con la organización de comicios mínimamente confiables en tales regiones. Habida cuenta de que esa situación se configura a partir de acciones u omisiones de los distintos niveles de gobierno, incluido el federal, luce improcedente el reclamo de Calderón en el sentido de que sean las autoridades estatales las que se hagan cargo de la seguridad de sus ciudadanos, de sus electores.
A contrapelo de lo que se afirma en el discurso oficial, y por desolador que resulte, las circunstancias comentadas son indicadores del deterioro y hasta del desastre al que puede llegar un país, su economía, su tejido social y su institucionalidad democrática como consecuencia de una estrategia cuyo carácter errático es confirmado día con día con eventos como el de ayer en Nuevo Laredo. De los fenómenos señalados tendría que concluirse, en suma, la necesidad de un cambio en la estrategia en curso contra la criminalidad, no para que el Estado se rinda ante ella, sino para debilitarla en lugar de fortalecerla, como ha venido ocurriendo en este sexenio a juzgar por los datos disponibles.